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Más allá del caos: presentación del glosario sobre la consolidación de la paz medioambiental en Bogotá

Environmental peacebuilding from A to Z launch in Bogotá, Colombia

You can read an English version of this article here: Beyond chaos: launching the environmental peacebuilding glossary in Bogotá

El 14 de abril de 2026, una sala de la Universidad de los Andes de Bogotá se convirtió en punto de encuentro de varios mundos que no siempre comparten el mismo vocabulario: organizaciones comunitarias, investigadores, redes indígenas y de mujeres, autoridades medioambientales, el ejército colombiano y expertos internacionales en la Amazonía y la diplomacia climática. 

El motivo fue la presentación previa en español de Conceptos esenciales de la construcción de la paz ambiental: una guía de la A a la Z, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Asociación para la Construcción de la Paz Ambiental. El evento, titulado «Redefiniendo la construcción de la paz ambiental: aportes desde Colombia y América Latina», fue más allá de la presentación de una nueva publicación. Planteó qué debe significar este campo cuando la degradación ambiental, el control armado, las economías extractivas legales e ilegales y la demanda global de recursos convergen en un mismo territorio. 

La respuesta que surgió fue clara: la construcción de la paz ambiental no puede seguir siendo solo un área especializada de investigación. Debe convertirse en un lenguaje práctico para proteger los ecosistemas, reconstruir la confianza y gestionar los riesgos compartidos más allá de las fronteras. 

Por qué es importante un glosario 

La construcción de la paz medioambiental aúna la investigación sobre los conflictos, la paz y el cambio medioambiental global. Examina tanto cómo los conflictos perjudican al medio ambiente como la forma en que la cooperación medioambiental puede contribuir a la paz.

A medida que el campo evoluciona, sus conceptos siguen siendo matizados y controvertidos. El glosario aborda este reto a través de más de 150 entradas elaboradas por expertos, ofreciendo a estudiantes, investigadores, profesionales y responsables políticos una guía accesible de la A a la Z sobre este campo. 

El evento de Bogotá puso de manifiesto por qué es importante este lenguaje común. Los conceptos cobran sentido cuando se ponen a prueba frente a la realidad de las comunidades cuyos medios de vida dependen de los ríos, los bosques y la tierra, y de las instituciones que trabajan en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las economías ilegales están profundamente arraigadas.

Más allá del caos: ¿puede la cooperación sobrevivir a la realpolitik?

El panel «Más allá del caos: la consolidación de la paz medioambiental como vía hacia la cooperación internacional» exploró si la cooperación climática y medioambiental puede ofrecer una narrativa alternativa a la realpolitik y a la anarquía internacional. Moderado por Héctor Morales Muñoz, reunió a la capitán Mariana Prieto García, del ejército colombiano; María Cecilia Roa, de la Universidad de los Andes; y Bram Ebus, del International Crisis Group.  

El debate comenzó con dos conceptos del glosario. La discusión ofreció una interpretación fundamentada del concepto de «beneficios colaterales» del glosario. La acción medioambiental puede generar beneficios más allá de su objetivo inmediato, como una gobernanza local más sólida, medios de vida más sostenibles y menos incentivos para participar en economías ilícitas. Sin embargo, estos beneficios no surgen de forma automática. Dependen de un diseño inclusivo, del acceso a la información y de instituciones que reconozcan los conocimientos de las comunidades, en lugar de tratarlas como obstáculos para la gestión medioambiental. También requieren enfoques integrados y sensibles a los conflictos que distribuyan los beneficios de forma justa y fomenten una cooperación duradera. 

El glosario define la cooperación como reciprocidad y beneficio mutuo en la consecución de objetivos compartidos. Las amenazas comunes, como el cambio climático, la inseguridad hídrica y la delincuencia medioambiental, pueden proporcionar puntos de partida estratégicos para fomentar la confianza entre grupos o Estados que, de otro modo, tendrían dificultades para colaborar. Sin embargo, para que la cooperación contribuya a la paz, se requiere equidad, una gobernanza sólida y compromisos que perduren más allá de un ciclo electoral. 

Se trata de un estándar exigente en una región donde la delincuencia medioambiental y los mercados ilegales cruzan las fronteras con rapidez. La minería ilegal de oro, el tráfico ilícito y las formas emergentes de extracción de minerales conectan territorios remotos con las cadenas de suministro globales, la competencia geopolítica y la demanda de tecnología, defensa e infraestructuras. La preocupación del panel no se limitaba a que estas actividades dañaran los bosques y los ríos. También debilitan las instituciones públicas, financian a grupos armados, socavan la seguridad de las comunidades, erosionan la confianza de la sociedad civil en el Estado y dificultan el mantenimiento de la gobernanza medioambiental.

La Amazonía y la nueva frontera extractiva

Bram Ebus cuestionó el supuesto de que el discurso de la transición energética convierte automáticamente a la extracción minera en algo progresista desde el punto de vista medioambiental o social. Llamó la atención sobre el escaso conocimiento que se tiene de los llamados minerales críticos en algunas zonas de la cuenca amazónica y sobre la dificultad de identificar qué se extrae, transporta y comercializa. En el debate, se citaron las arenas negras y otros materiales como ejemplos de cómo los vacíos en la información geológica y sobre la cadena de suministro pueden obstaculizar una regulación eficaz. 

La advertencia clave fue que un nuevo auge minero podría agravar las presiones existentes si los gobiernos y las empresas tratan la Amazonía principalmente como un almacén de recursos estratégicos. Los minerales de la región pueden satisfacer la demanda mundial de inteligencia artificial, tecnologías de defensa y espaciales, así como la transición energética. 

Denominarlos «minerales de transición» no resuelve, por sí solo, cuestiones de legalidad, consentimiento de las comunidades, daños medioambientales o quién se queda con el valor. 

Estas preocupaciones requieren una investigación y verificación minuciosas en cada territorio. No obstante, apuntan a un desafío político urgente para América Latina: la protección del medio ambiente no puede separarse de la gobernanza de la cadena de suministro. Un mineral extraído en una cuenca fluvial remota puede estar vinculado a empresas, flujos financieros y mercados mucho más allá de la región. Por lo tanto, las respuestas eficaces requieren la cooperación entre organismos medioambientales, instituciones aduaneras y judiciales, agentes de seguridad, gobiernos locales, autoridades indígenas y Estados vecinos. 

El panel también señaló una asimetría preocupante. Las organizaciones criminales ya cooperan a través de las fronteras, mientras que las instituciones públicas suelen permanecer divididas por sus mandatos, los silos de información y las prioridades políticas cambiantes. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, los mecanismos de protección impulsados por las comunidades y las iniciativas regionales emergentes proporcionan bases importantes, pero requieren un apoyo político sostenido, coordinación operativa y recursos. 

La seguridad debe facilitar la gobernanza medioambiental, no sustituirla 

La capitana Mariana Prieto García, describió el creciente reconocimiento dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia de que la degradación medioambiental tiene consecuencias estratégicas. Puede mermar los medios de vida, intensificar los conflictos locales y crear fuentes de financiación para grupos ilegales. Desde esta perspectiva, la seguridad medioambiental no está separada de la seguridad territorial. 

Al mismo tiempo, el debate puso de relieve los límites de la acción militar. Las fuerzas armadas pueden contribuir a crear las condiciones de seguridad que permitan a las autoridades civiles desempeñar sus funciones, apoyar los esfuerzos para desarticular las economías ilegales y mantener una presencia en zonas donde otras instituciones aún no pueden actuar. Sin embargo, no deben convertirse en la única cara visible del Estado, ni asumir responsabilidades técnicas que corresponden a instituciones medioambientales y civiles. 

Definió un marco útil en torno a tres etapas. En primer lugar, estabilizar los territorios reduciendo el control armado y delictivo. En segundo lugar, capacitar a las autoridades civiles y a las comunidades para que ejerzan sus funciones. En tercer lugar, mantener las condiciones en las que puedan arraigarse los servicios públicos, la gobernanza medioambiental y el desarrollo sostenible. Este enfoque sitúa el principio de «no causar daño» en el centro de las operaciones de seguridad y exige que el impacto se mida a través de los cambios en la vida de las personas, y no solo a través del número de operaciones llevadas a cabo o de los activos destruidos. 

Un ejemplo ilustraba bien este reto. La destrucción de equipos de minería ilegal puede producir un resultado inmediato, pero no desmantelará una economía ilícita si los grupos delictivos tienen la capacidad financiera para reemplazar esos equipos. Por lo tanto, la interdicción debe ir de la mano de la inteligencia, las investigaciones financieras, la justicia, los medios de vida alternativos, la restauración y la presencia pública a largo plazo. De lo contrario, la aplicación de la ley corre el riesgo de convertirse en una puerta giratoria.

El agua como punto de entrada diplomático 

María Cecilia Roa centró el debate en el agua y en las experiencias de las comunidades pesqueras de Buenaventura y del bajo Magdalena. Estas comunidades describen sus territorios como «anfibios», ya que vinculan los espacios urbanos y rurales, la tierra y el agua, y la vida social con el movimiento estacional de los ríos, los humedales y las llanuras aluviales. 

Su propuesta de «restitución de las aguas» ofrece una forma poderosa de plantearse la construcción de la paz medioambiental. Parte de una idea sencilla pero transformadora: reconectar los sistemas hídricos, permitir que fluyan y restaurar los humedales que sustentan la vida. Los beneficios van mucho más allá de la recuperación ecológica. Los humedales restaurados pueden sustentar los medios de vida, reducir la vulnerabilidad, fortalecer las prácticas culturales y reconstruir las relaciones entre las comunidades y las instituciones públicas. 

El agua es, por lo tanto, más que un recurso que hay que asignar. Es un sistema compartido y una plataforma potencial para la cooperación. En contextos de tensión, el intercambio de información y las normas acordadas para la gestión del agua pueden crear formas prácticas de confianza. Más allá de las fronteras, las cuencas fluviales pueden constituir un punto de partida diplomático incluso cuando las relaciones políticas generales siguen siendo difíciles. 

La misma lógica se aplica a la Amazonía. La protección de los bosques y los ríos genera beneficios regionales a través de la regulación del agua, la biodiversidad y la estabilidad climática. También exige que los Estados reconozcan los costes de la falta de cooperación. Cuando la extracción ilegal se expande en una parte de una cuenca, las consecuencias pueden propagarse a través de las vías fluviales, los mercados, las rutas migratorias y las dinámicas de seguridad. 

La cooperación no es un complemento idealista de la política medioambiental. Es una forma de gestión de riesgos. 

Una agenda regional para la consolidación de la paz ambiental 

El diálogo de Bogotá apunta a varias prioridades para los gobiernos, los organismos regionales, los donantes y los profesionales que trabajan en América Latina. Uno de los mensajes principales fue que la paz medioambiental no puede tratarse, , como una variable adicional en los procesos de paz. Para muchas comunidades, todas las realidades son medioambientales: los medios de vida, la identidad, la salud, la seguridad y las relaciones vienen determinadas por las condiciones de un lugar concreto. 

  • Considerar la protección del medio ambiente como infraestructura de paz. Los bosques, los humedales y los ríos sustentan los medios de vida, reducen la vulnerabilidad y dan forma a las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Su protección debe integrarse en las estrategias de paz y seguridad, y no quedar al margen de ellas. 
  • Convertir los beneficios colaterales en un objetivo político explícito. Los programas medioambientales deben identificar cómo mejorarán la gobernanza, los medios de vida, la cohesión social y la seguridad. Estos resultados requieren indicadores, recursos y una aplicación sensible a los conflictos, en lugar de darse por sentados como efectos secundarios automáticos. 
  • Cerrar las brechas de información y compartir conocimientos. Las comunidades necesitan acceso a la información que da forma a las decisiones sobre la tierra, los minerales, el agua y los ecosistemas. Los Estados también necesitan sistemas interoperables para la inteligencia, la vigilancia medioambiental, las aduanas y la justicia. La información no es neutral: quién la posee y quién puede utilizarla influye en quién tiene el poder. 
  • Fomentar la cooperación entre las comunidades y el Estado sobre la base de la confianza. Las organizaciones indígenas y locales a menudo ya protegen territorios en los que el Estado tiene un alcance limitado. El apoyo a los guardias comunitarios, a la vigilancia local y a las redes de mujeres y jóvenes puede reforzar la gobernanza medioambiental. Dicho apoyo debe proteger la autonomía y evitar instrumentalizar a las comunidades para fines políticos o de seguridad. 
  • Coordinarse más allá de las fronteras y entre instituciones. Los mercados ilegales se aprovechan de las lagunas entre jurisdicciones. La cooperación regional debería vincular a las autoridades medioambientales con la policía, el ejército, la fiscalía, las aduanas, los investigadores financieros y los gobiernos locales. También debería abordar las condiciones jurídicas y económicas que permiten que los recursos ilícitos entren en los mercados formales. 
  • Definir una transición justa en los territorios donde se lleva a cabo la extracción. La transición energética no puede limitarse a sustituir una frontera extractiva por otra. Las comunidades necesitan una participación significativa, beneficios justos, salvaguardias para el agua y la tierra, y medios de vida viables que reduzcan la dependencia de las economías ilegales. 
  • Medir los resultados, no solo las actividades. El éxito de una intervención no se define únicamente por el número de incautaciones, dragas destruidas o acuerdos firmados. La prueba de fuego es si las comunidades están más seguras, los ecosistemas se están recuperando, se confía en las instituciones públicas y los medios de vida legales pueden perdurar. 

Un lenguaje común para un ámbito controvertido 

El prelanzamiento en español en Bogotá supuso un paso importante para el campo de la construcción de paz medioambiental. El glosario ofrece un lenguaje común que puede interpretarse, cuestionarse y enriquecerse con las experiencias de Colombia y América Latina. Los participantes también destacaron que una guía de la A a la Z debe seguir siendo un punto de partida, no un marco que simplifique en exceso las complejas historias, los territorios y las formas de resistencia de la región. 

El lenguaje por sí solo no resolverá los delitos medioambientales ni las tensiones geopolíticas. Sin embargo, determina lo que los responsables políticos pueden ver, lo que las instituciones pueden coordinar y qué tipo de cooperación pueden imaginar. En una región donde las redes criminales ya operan más allá de las fronteras, las instituciones públicas deben generar la confianza y el conocimiento compartido necesarios para responder de forma conjunta. Ese es el valor de «Conceptos esenciales de la construcción de la paz ambiental: una guía de la A a la Z».Ofrece un lenguaje común para un ámbito que aún se encuentra en desarrollo, y una invitación a utilizar ese lenguaje en aquellos lugares donde la protección del medio ambiente y la paz están más urgentemente interrelacionadas. 

Este evento en español fue organizada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Asociación para la Construcción de la Paz Ambiental el 14 de abril de 2026 en Bogotá, Colombia.  

Puedes volver a ver el evento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Nd60WH0UdSo  

Un agradecimiento especial a Natalia Jiménez Garrido, Atieh Khatibi y Rachel Weaver, de EnPax, y a Maryruth Belsey-Priebe, de aXXelerate, por su colaboración en la organización del evento. La mesa redonda «Más allá del caos: la consolidación de la paz medioambiental como vía hacia la cooperación internacional» contó con la participación de la capitana Mariana Prieto García, del Mando General de las Fuerzas Armadas de Colombia; María Cecilia Roa, de la Universidad de Los Andes, y Bram Ebus, de Amazon Underworld con la moderación de fue moderada por Héctor Morales Muñoz, asesor sénior de adelphi. El artículo presenta estos puntos como cuestiones planteadas en el debate y no como hechos verificados de forma independiente. 

Los siguientes miembros del equipo de adelphi contribuyeron al Essential Concepts of Environmental Peacebuilding: Alina Viehoff, Benjamin Pohl, Héctor Camilo Morales Muñoz, Janani Vivekananda y Sinéad Barry.